La diputada Ana María Gazmuri, respaldó a la Agrupación de Mujeres por Justicia y Contra la Impunidad y Grupo Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta, representadas por María Verónica Verdugo Urrutia, Madre de Nicolás Ríos Verdugo y Raquel Torres Guerrero quienes entregaron una carta el día de ayer a la Ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Toha Morales, con el objetivo de solicitar audiencia para exponer la grave situación que afecta a jóvenes imputados en causa ligadas a la revuelta popular.
Los jóvenes aún mantienen vigentes querellas interpuestas por el Ministerio del Interior y Delegaciones Presidenciales durante el anterior gobierno. Esto ha significado estar expuestos a difíciles e injustos procesos judiciales luego de ser detenidos en su mayoría por Carabineros del OS9 pertenecientes a la brigada intramarchas, quienes luego los inculparon sin pruebas contundentes.
Muchos de los jóvenes, luego de tres años aún se mantienen a la espera de juicio. Esto ha significado vivir una condena anticipada, al haber permanecido meses en prisión preventiva en plena pandemia y/o largos periodos de arresto domiciliario total.
Durante este periodo se han visto afectados por la vulneración constante de sus derechos fundamentales, impactando su salud integral, al estar alejado de sus seres queridos y vivir a su corta edad los efectos traumáticos de una injusta prisión y persecución incumpliendo el amparo garantizado en los tratados internacionales ratificados por Chile en esa materia.
Familiares solicitan realizar los máximos esfuerzos por terminar con la injusta prisión de cientos de jóvenes, compromiso que se ratificó por el Presidente al momento de asumir la máxima jefatura del país.
“Preocupa la integridad física y mental de estos jóvenes, cuya vida es afectada por esta permanente y extendida incertidumbre respecto a su situación procesal”, dice la diputada. Familiares solicitan hacer efectivo el compromiso adquirido por el presidente Gabriel Boric respecto a gestionar y concretar el retiro de querellas del Ministerio de Interior y Delegaciones Presidenciales, así como la tramitación de indultos presidenciales.
Respecto a los jóvenes que han sido condenados con penas desproporcionadas y en muchos casos en base a pruebas inconsistentes, solicitan nuevamente que se fiscalice a Gendarmería para que se mejoren las condiciones carcelarias y se otorguen a tiempo los beneficios carcelarios.
