El viernes 30 de junio se celebró el Primer Foro Internacional: Experiencia Comparada sobre regulaciones y Cultivo Personal, con las ponencias de representantes de distintos países de América Latina. El encuentro buscó abordar tanto las similitudes como las diferencias que existen entre  las regulaciones del cannabis en diversos países de la región. Analizar el impacto que tiene estas regulaciones en la vida de los pacientes y otros usuarios de la planta de cannabis.

Por parte de Chile, el evento contó con la participación de la ex fundadora de Daya y ahora presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Ana María Gazmuri; por parte de Argentina, la doctora Sofía Maiorana, fundadora de la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis y otras drogas (AUPAC); de Uruguay, Julio Rey, referente de la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay (ACCA) y por Perú, Pedro Wong, Vicepresidente de la Sociedad Médica del Cannabis.

Desde Fundación Daya, organizadora del foro, moderaron las intervenciones y ordenaron el debate el doctor Diego Cruz y la doctora Nicole Halçartégaray.

Julio Rey, de la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay, “No podemos decir que Uruguay sea el país de la libertad”.

En su intervención, Julio afirmó que la ley de regulación integral del cannabis, aprobada en 2019, no ha sido implementada en su totalidad, acusando que ha sido afectada por los intereses de “distintos corporativismos”. “Existe una comisión nacional encargada de la implementación de la ley, compuesta en su mayoría por químicos farmacéuticos”, dice.

En esa línea, señaló que se le permite al gran inversor desarrollar una forma de producción en “oligopolio”, pero se condena con penas de cárcel a una persona por andar con “3 a 4 porros que distribuye entre sus amistades”.

  • Logros: La ley reconoce el cannabis y su valor terapéutico. Pretende una accesibilidad económica para los pacientes o usuarios medicinales, así como también comprendió la inclusión de los aceites artesanales.
  • Problemas: Ley en su mayor parte está sin implementar. Los clubes tienen sus limitaciones respecto a la cantidad de socios (40) y plantas (100). Apenas 3,7% de las farmacias existentes en el país son las que expenden cannabis. Los usuarios de cannabis no tienen un acceso real, solamente donde hay un cultivo doméstico. El tema de la accesibilidad no ha sido logrado. Existe una política represiva del Ministerio de Interior de esta administración, en contraposición a lo que dice la Junta Nacional de Drogas. Hay un alto punitivismo. La implementación de la ley se hizo bajo la lógica del negocio. Existe un prohibicionismo económico. Personas que cometen delitos leves son procesados por figuras obsoletas de la vieja ley de drogas, que no deberían ser aplicadas si uno hace la correcta interpretación de la ley.
  • Desafíos: Cambiar la legislación actual, esperando la coyuntura política adecuada con la ampliación de los derechos obtenidos. Reconocer las formas pre-existentes de producción y acceso a la cannabis. Falta habilitar nuevas formas de producción y expendio y en consecuencia, mejorar el acceso a la población usuaria. Sacar adelante una nueva legislación que admita licencias para pequeña producción. Incorporar visión de reparación histórica, “no puede ser que el país de la libertad esté provocando encarcelamientos masivos a cultivadores y a usuarios, no puede ser que gente siga yendo presa por marihuana. Cualquier proceso de regulación en nuestro continente no va, si es que todavía hay presos por plantar.

Pedro Wong, de la Sociedad Médica del Cannabis, sobre la regulación del Perú señaló: “Es un marco legal bastante extraño”. Pedro parte haciendo una cronología de los intentos por tener una regulación que garantice el acceso seguro para usuarios y pacientes de cannabis, lo que ha sido una lucha intermitente por hacer respetar las normas establecidas, según comentó.

  • Logros: Regulación del cannabis para fines medicinales y la investigación científica, la que otorga licencias para cultivar y habilita a los laboratorios de producción farmacéutica para desarrollar o importar productos de cannabis, para su expendio en farmacias. Existe producción artesanal de derivados del cannabis a partir de cultivos colectivos o asociaciones, realizados por organizaciones sin fines de lucro, aspecto incorporado posteriormente a la ley.
  • Problemas: Regulación del cannabis no permitió que usuarios tuvieran acceso al cannabis formalmente. Las asociaciones de pacientes no están protegidas. La policía allana asociaciones, pese a que están permitidas por ley, no existe un marco legal para que puedan tener control sobre el producto. Existen más de 40 mil pacientes de cannabis en Perú inscritos, pero más del 70 % consume productos no regulados, poniendo en riesgo su salud e integridad. Las personas son procesadas sólo por tener tallos y hojas.
  • Desafíos: Que se apruebe un nuevo reglamento de regulación de cannabis. Necesitamos educación para los operadores de justicia. “Con lo que hemos escuchado en este foro, no debería haber ninguna persona que por consumo, por tenencia, por autoprovisión, con problemas penales, pero eso sigue sucediendo”. Aprovechar el cannabis en materias económicas y científicas, aprovechar también las incautaciones para este desarrollo, es también un desafío pendiente.

Doctora Sofía Mariorana, fundadora de AUPAC, consultada por la existencia de restricciones por parte del Ministerio de Salud de Argentina y los mecanismos de fiscalización, comentó que la regulación “es compleja”, pero dice que “se va transformando día a día”.

  • Logros: Se crea un registro nacional de personas para el cultivo controlado (REPROCANN). El médico puede hacer la indicación que considere pertinente, se tiene que firmar un consentimiento con el paciente.
  • Problemas: La normativa se “quedó chica” para regular cultivos colectivos de pacientes de cannabis. En momentos de cosecha sufren robos; falta que las policías apoyen más a los cultivadores, “porque su deber es cuidarnos”.
  • Desafíos: Más educación en todos los niveles, para que el Estado pueda garantizar el acceso a un producto de calidad, es necesario poder avanzar en el acceso dentro del sistema público de Salud.

Ana María Gazmuri, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, señaló que: “El objetivo común es que las tres vías de acceso estén garantizadas, autocultivo, cultivo asociativo y el expendio en farmacias, ojalá subvencionado por el Estado para quienes no puedan acceder”

La diputada observó que las regulaciones que se han generado son una mezcla de normas, y dijo que “Chile no es la excepción”, respecto a sus vecinos latinoamericanos.

Ana María Gazmuri dijo que existieron hitos judiciales, dando paso a una mejor comprensión de la regulación chilena de cannabis, que siempre contempló los usos personales, exclusivos y próximos en el tiempo, así como aquellos con fines medicinales. Lo que la ley busca impedir es la difusión descontrolada, el tráfico, ya que el bien jurídico protegido es la Salud Pública: “El primero de estos fallos de la Corte Suprema ocurre el año 2015, a favor de un cultivo compartido para uso personal, luego innumerables fallos de los Tribunales siguen la misma senda”.

Ley AntiNarco, la primera modificación en una década a la Ley 20.000

La diputada señaló que desde 2014 en adelante hubo dos intentos fallidos para modificar la legislación, ya que, a pesar de esta tendencia jurisprudencial, continuaba la persecución y criminalización indiscriminada de usuarias y usuarios de cannabis, por lo que se hacía urgente mejor aclarar legislativamente, para cesar con esta vulneración de derechos Después de dos intentos fallidos, finalmente se logró incorporar un inciso final al artículo 8 de la ley 20.000, en el marco de la Ley Antinarco: “Pudimos intervenir en un proyecto de ley que establecía mayores penas para el narcotráfico y logramos que se incluyera un artículo que deja plenamente establecido que, presentando una receta médica, el cultivo es completamente legal por lo tanto no podrá ser allanado. Este artículo viene a constituir una causal de justificación del uso medicinal, siempre lícito según la  ley, pudiendo con esto detener los allanamientos y persecuciones” Gazmuri señala que un sector de la oposición chilena decidió llevar este artículo para que el Tribunal Constitucional lo impugnara, “porque hay un sector que piensa que los pacientes deberían ir presos”, acusó la parlamentaria.

Durante el proceso en el Tribunal Constitucional, tuvimos una maravillosa defensa del Presidente Boric. El fallo fue a favor de la indicación que protege el uso medicinal, pero lo más importante, es que el Tribunal Constitucional fue más allá, porque despejó que no solo son lícitos los cultivos con fines medicinales, sino que también hay otras dos vías lícitas:, con autorización del SAG, para cultivos agrícolas con fines industriales, y cuando se trata de un cultivo para consumo personal, exclusivo, próximo en el tiempo y en bajas cantidades” “Lo que dice el Tribunal Constitucional tiene tanto peso como la norma legislativa, porque aclara lo que ya está en la ley”, concluyó.  En poco más de un año como parlamentaria, Ana María logró impulsar la primera modificación a la Ley Nº 20.000, a favor de los pacientes.

 

 

Revisa en el siguiente link la retransmisión del foro: 

https://www.youtube.com/watch?v=jNntns7ifBA

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