El Ministerio Público fue condenado al pago en costas del juicio; nunca debió iniciar esta persecución hacia la paciente.

sábado 15 de julio.

María Jesús Toledo tiene 34 años, vive en Quilpué, es licenciada en ciencias del deporte y actividad física, técnico en enfermería y es usuaria medicinal de cannabis. En abril del año pasado, fue allanada en su domicilio, sus plantas fueron incautadas, fue formalizada y sometida a un injusto proceso judicial que, por fin, terminó ayer con la sentencia de absolución por parte del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar.

El día 22 de abril de 2022, mientras preparaba el almuerzo para su hija, María Jesús fue sorprendida con la llegada de funcionarios de la PDI a la puerta de su casa, que solicitaron ingresar porque recibieron la denuncia de un cultivo de cannabis.

María Jesús les señaló a los policías los problemas de salud que la aquejan, originados por una malformación que padece desde la infancia, razón por la cuál ha tenido que ser sometida a varias cirugías durante su vida. También les dijo que la medicina tradicional no resuelve sus dolores articulares, musculares, ni tampoco el malestar que produce su patología ósea, encontrando en el cannabis la mejor respuesta para su condición de salud.

“Por esa razón uso cannabis”, les explicó María Jesús a los funcionarios. Sin embargo, pese a mostrar sus recetas médicas con indicación de uso de Cannabis vaporizado y de aceites sublinguales, la PDI allanó de igual forma su casa, sin considerar estos argumentos que sustentaban la legalidad de su cultivo por estar destinado a un uso personal, en este caso medicinal.

María Jesús relata que tras conversar más de diez minutos con la policía, uno de los funcionarios la amenazó con hacer un procedimiento violento y que su hija vería toda esa escena, de no dejarlos entrar inmediatamente; autorización que no hubiese sido necesaria de contar con una orden de ingreso y registro.

“Fue súper fuerte. Yo conversé con la PDI explicándoles que tenía receta, un tratamiento médico, pero no me escucharon”. Me puse nerviosa, quise vomitar, me dió una crisis de pánico, lloré, no entendía qué estaba pasando, la verdad nunca me imaginé estar en una situación tan terrible”, recuerda María Jesús.

Luego vendría la arremetida del Ministerio Público, que la acusó de cometer el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, solicitando la pena de 7 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. Esto, a pesar de no existir antecedente alguno sobre un posible tráfico.

Lamentablemente, como le ocurre a muchos usuarios de cannabis, María se vió envuelta en un largo proceso judicial, comprometiendo su salud mental e integridad, por la persecución injusta en su contra.

La audiencia de juicio oral se llevó  a cabo el viernes 7 de julio. Aunque el mismo día se supo del resultado positivo para María Jesús, recién el lunes 11 se conoció el fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, el cual decidió absolver por unanimidad a María Jesús Toledo de la acusación formulada en su contra por la Fiscalía, luego de pasar más de un año desde su formalización. Además, el tribunal condenó en costas al Ministerio Público, imponiendo el pago de los gastos imprescindibles del proceso.

La quilpueina recuerda que el día de la audiencia le tiritaban las piernas. “Cuando la jueza (María Viviana Poblete) da el fallo, nos miramos con Camilo (Rore), el defensor penal, le dije gracias y me dijo ‘ya está’, mientras sonreía. Fue una experiencia que no voy a olvidar”, concluye María Jesús, ahora en su hogar, libre de todo proceso judicial.

Camilo Rore, el abogado de la Defensoría Penal Pública, comentó que “este caso se trataba de uno más en el que se persigue, criminaliza y juzga a ciudadanos por consumir cannabis, y más grave aún en la situación de mi defendida, ya que se trataba de una consumidora medicinal”.

El defensor penal habló de un “cambio de paradigma”, que pasa “de criminalizar, a proteger el consumo responsable de cannabis”. En ese sentido, mencionó el aporte que significó la promulgación de la Ley Antinarco para permitir que los casos judiciales, como los de María Jesús, terminen en absoluciones. “Abrió la puerta que se encontraba trabada”, concluyó Rore, comentando que los recientes fallos de procesos judiciales similares también han contribuido “a plasmar lo que se pretendía con la modificación legal” de la Ley Antinarco.

“El problema más grave al que se han visto enfrentado los pacientes es la incomprensión de este articulado, que admite este uso medicinal”. mencionó la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Ana María Gazmuri, quien testificó a favor de la Defensa en el juicio y aportó con contundente información -según el tribunal y el defensor penal público- para esclarecer que los cultivos con fines medicinales (y también personales), no son punibles.

La parlamentaria continuó enumerando los casos judiciales al que se han visto expuestos usuarios medicinales de cannabis, que han terminado con los mismos resultados. “El año 2015 la Corte Suprema comienza a fallar en la dirección correcta, en el sentido que, cuando se está frente a un cultivo para uso personal y particularmente, destinado al uso medicinal, no se está frente a un delito”.

Luego, la parlamentaria comentó que la promulgación de la norma conocida como Ley Antinarco, que incluye un artículo que modifica la ley Nº20.000, incorporando la prescripción médica como una causal directa de justificación para el cultivo de cannabis con fines medicinales. Señala, además, que el Tribunal Constitucional fue más allá y aclaró que el cultivo con fines personales, próximo en el tiempo y en bajas cantidades, tampoco es punible.

Ana María Gazmuri dijo que “Hoy está clarísimo que una receta médica es suficiente causal de justificación. Los funcionarios no estaban al tanto de la materia. Hoy el desafío es cómo se capacita a profesionales de salud pública en cannabis, para que los pacientes no tengan que concurrir a fundaciones particulares” agregó la parlamentaria, mencionando que un 34% de la población en Chile es afectada con dolor crónico, como la paciente de este caso.

En esa línea, la parlamentaria aludió al alto costo que pueden tener los medicamentos en base a cannabis que se obtienen en farmacias, y que en algunos casos, pueden llegar a los 640 mil pesos, dejando sin opción de seguir estos tratamientos a las familias de recursos medios y bajos.

“No hay país que avance en la regulación del uso medicinal del cannabis que no avance también en autocultivo” dijo Gazmuri, sentenciando que el consenso de los parlamentarios del Congreso, en especial de los que integran la Bancada Transversal Regulación por La Paz, es que “ojalá un proceso como el que vivió la acusada no se vuelva a repetir”.

Lo que resulta sorprendente, según la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, es la actitud del Ministerio Público, el que, en este caso, actúa como si desconociera la actual normativa. “Teniendo toda la prueba a la vista, prueba que conduciría al sobreseimiento de María Jesús, y aún más, a la condena en costa para ellos, el fiscal Carlos Parra Fuentes, en su alegato final, insiste en pedir 7 años y un día para la paciente.

¿A qué responde tamaña insensatez, el fiscal Parra Fuentes sinceramente piensa que María Jesús debiese pasar siete años y un día en la cárcel? Resulta preocupante una persecución así por el uso lícito de una planta medicinal, persecución que pasa por encima de la normativa vigente, generando una amenaza velada para un inmenso grupo de la población”, afirma Ana María Gazmuri.

Por otra parte, según señala el fallo, la condena en costas al Ministerio Público implica que éste no tuvo motivo para traer a juicio el caso de María Jesús, ya que desde el primer día el fiscal (Carlos Parra) fue informado acerca de los fines medicinales que la paciente le daba al cannabis, ella claramente indicó ser ese el motivo que tenía para mantener las plantas de cannabis en su hogar y mostró sus prescripciones médicas. El persecutor se encuentra obligado a cumplir con el principio de objetividad, que cuenta con una profusa consagración normativa en nuestro sistema procesal penal, que incluye la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Ministerio Público (en sus diversas disposiciones), el Código Procesal Penal e incluso a nivel de reglamentos del Ministerio Público, conforme al cual, como en todo caso, debió de investigarse con igual celo no sólo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad penal de los imputados, sino también aquellos que los eximan de ésta, la extingan o atenúen y como lo señalaron los testigos de cargo en juicio, tal circunstancia les fue informada el día de los hechos por parte de la acusada.

 

“Esto debiese alertar al Ministerio Público”, señaló la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, “ya que queda en evidencia la urgente necesidad de actualizar miradas y lineamientos, de acuerdo a las últimas modificaciones de la ley 20.000, promulgadas el 23 de mayo de este año. Se desperdician inmensos recursos públicos y se vulneran derechos de una importante comunidad de nuestro país. La intención del legislador con la modificación incorporada no es solo que los usuarios sean absueltos en tribunales, sino que dejen de ser allanados, sus plantas incautadas, y dejen de ser sometidos a estos injustos procesos, que dejan huellas profundas en los pacientes y sus familias. ”.

Principales puntos del fallo de la sentencia de absolución.

Los hechos descritos, a juicio del Ministerio Público, configuran el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en grado consumado, descrito y sancionado en el artículo 3° de la ley N º 20.000, en el cual se le atribuye a la acusada participación en calidad de autora.

Indica que concurre a su respecto la circunstancia atenuante de responsabilidad del artículo Nº6 del Código es Penal y pide se le aplique la pena de 7 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 60 unidades tributarias mensuales, las demás penas accesorias legales, comiso, determinación de huella genético e incorporación de Registro de condenados y con costas.

UNDÉCIMO: Motivo de absolución. Que, el tribunal ha estimado que los hechos establecidos no resultan constitutivos del tipo penal establecido en el artículo 3º de la ley 20.000, por cuanto en caso alguno pudieron haber sido subsumidos en la figura del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, dado que resulta evidente, por la cantidad de plantas mantenidas por la acusada – cinco – que las ramas que se encontraban en proceso se secado y las sumidades floridas guardadas en frascos de vidrio, correspondían a la cosecha de tales plantas y tampoco fueron susceptibles de encuadrados en la figura típica del 8° de la citada ley, por cuanto, por la extensión y modalidad del cultivo, cinco plantas en sus respectivos maceteros, cultivadas en el espacio íntimo de su hogar, no lesiona ni puso en peligro el bien jurídico protegido en la citada norma. El bien jurídico protegido en los delitos contemplados en la ley 20.000 es la salud pública.

 Motivo de absolución: Que, el tribunal ha estimado que los hechos establecidos no resultan constitutivos del tipo penal establecido en el artículo 3º de la ley 20.000, por cuanto en caso alguno pudieron haber sido subsumidos en la figura del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes,(…)

 

(…) Ahora bien, en el caso concreto en análisis, el tribunal estimó que, la acción de la acusada, de mantener en su domicilio las indicadas plantas de cannabis sativa, así como también parte de las ramas su producto y las sumidades floridas, es decir, dentro de un espacio privado constituido por el interior inmueble que habita, cerrado y sin libre acceso al público, no tuvo la aptitud para poner en riesgo la salud pública.

De otra parte, en el presente caso ha quedado demostrado, con la abundante prueba presentada por la defensa, que el producto de tales plantas estaba destinado al uso medicinal personal de la acusada, concurriendo, por lo tanto, una causal de justificación en su favor, que excluye la antijuricidad. Esta conclusión se refrenda, incluso, por la expresión que emplea el legislador en la parte final del artículo 8, inciso 1° de la ley Nº20.000, en tanto señala que el cultivo de cannabis es punible “[…] a menos que justifique que están destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, caso en el cual sólo se aplicarán las sanciones de los artículos 50 y siguientes”. Lo anterior remite al artículo 5 de la Ley de Drogas que en su inciso final dispone: “Se entenderá justificado el uso, consumo, porte o tenencia de alguna de dichas sustancias para la atención de un tratamiento médico”. Conforme la concordancia de los artículos 8 y 50 de la Ley N° 20.000 se desprende que los hechos asentados en el pleito no son constitutivos de delito, al faltar el elemento antijuricidad de la conducta, y, por ende, no son punibles.

DECIMOTERCERO: Costas. Que, el tribunal ha estimado que el Ministerio Público no tuvo motivo para traer a juicio el caso que correspondió conocer, en atención a que desde el primer día el fiscal fue informado acerca de los fines medicinales que la acusada indicó ser el motivo que tenía para mantener las plantas de cannabis en su hogar. El persecutor se encuentra obligado a cumplir con el principio de objetividad, que cuenta con una profusa consagración normativa en nuestro sistema procesal penal, que incluye la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Ministerio Público (en sus diversas disposiciones), el Código Procesal Penal e incluso a nivel de reglamentos del Ministerio Público, conforme al cual, como en todo caso, debió de investigarse con igual celo no sólo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad penal de los imputados, sino también aquellos que los eximan de ésta, la extingan o atenúen y como lo señalaron los testigos de cargo en juicio, tal circunstancia les fue informada el día de los hechos por parte de la acusada.

Por estas consideraciones (…) se declara que:

  1. Se absuelve a la acusada María Jesús Toledo Tenorio, ya individualizada, de la acusación que se formulara en su contra por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3º de la ley que se dijera cometido el de abril de 20 en la cuidad de Quilpué.
  2. Se condena en costas al Ministerio Público. 
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