Cristián Molinare, ciudadano chileno sin antecedentes penales, fue detenido y encarcelado en abril de este año, tras ser acusado de tráfico por el cultivo de ocho plantas de cannabis que estaban en el domicilio de su amigo estadounidense, Brent Carlson, actualmente con defensa privada, quien sigue en prisión preventiva, a pesar tener una receta médica para el uso de aceite de cannabis. 

Por este motivo, como “traumática e injusta”, ha sido calificada la reciente experiencia que vivieron Cristian Molinare y el ciudadano estadounidense, por la diputada Ana María Gazmuri, histórica activista por la regulación del cannabis que acompañó de cerca a los acusados y a sus cercanos. 

La diputada de Acción Humanista visitó en varias ocasiones a los imputados, fiscalizando el recinto penal, lugar donde evidenció que “existen grandes carencias y necesidades”. Además, deslizó críticas a la formalización y tachó de “injusto” el encarcelamiento de Carlson y Molinare.

A pesar del encarcelamiento, que duró cerca de 17 semanas, como un alivio se sintió para los familiares y cercanos de Cristián el resultado de la audiencia, a la que asistieron acompañados por la diputada Gazmuri, ya que la Segunda Sala de la Corte Suprema revocó la sentencia apelada el cinco de agosto por la Corte de Apelaciones, fallando en favor de acoger el recurso de amparo deducido en favor de Cristian Molinare Pimentel, presentado por la Defensoría Penal Pública. 

Lamentablemente, el estadounidense Brent Carlson continúa en prisión preventiva. Al desestimar ser representado por la defensoría pública y elegir una defensa privada, no pudo ser parte del recurso de amparo que permitió la reducción de cautelares para Molinare.

En el amparo, el abogado de la DPP  que representó Molinare, Claudio Fierro, jefe de la Unidad de Corte, señaló que “el hallazgo de marihuana se encontraba completamente justificado, al ser Brent Carson paciente que utilizaba cannabis en el contexto de un tratamiento médico”. 

Según el recurso de la defensa, la justificación de la presencia de marihuana quedaba acreditada al demostrarse que Carlson era, al momento de su formalización, paciente del “Centro Médico Receta Cannabis SpA” desde el 11 de noviembre de 2020, momento en que se le prescribió la utilización del aceite de cannabis por secuelas en su habilidad motora y dolor neuropático en extremidades del cuerpo, a raíz de una serie de cirugías por estenosis medular cervical. 

Asimismo, se argumenta que “resulta plausible discutir la hipótesis del uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo que constituye la causal excluyente de responsabilidad criminal del artículo 8° inciso segundo de la ley 20.000, incorporado por la ley 21.575”. 

Recordemos que la ley aludida, promulgada en mayo de 2023, señala que “se entenderá justificado el cultivo de cannabis para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis”. 

Asimismo, en el recurso se argumentó que las plantas “no estaban destinadas para su comercialización o distribución y el material vegetal encontrado estaba destinado a dos propósitos: favorecer el crecimiento de las plantas y el consumo de su propietario”, que se encontraba justificado”. 

Además de evidenciar la falta de antecedentes penales para “los encartados, personas que gozan de irreprochable conducta anterior”, el recurso reiteró la Corte Suprema que en este caso “no se estaba ante una plantación que tenía como objeto ser dedicada al tráfico o que de algún modo dañe el bien jurídico protegido, cual es la Salud Pública.” Por último, se argumentó la no participación de Molinare en los hechos, debido a que “estuvo de paso” en la casa de su amigo. 

Finalmente, la Segunda Sala del máximo tribunal acogió el recurso y este martes resolvió que se revoca la sentencia apelada del cinco de agosto, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, quedando Molinare sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. 

En los argumentos presententes en del fallo, los magistrados dan cuenta que “existen indicios en torno al hecho que el co–imputado del amparado (Brenson), sufre de diversas patologías crónicas que, según asegura, le permite usar ciertas sustancias derivadas del cannabis sativa para paliar los efectos propios de su enfermedad (…), de allí la razón que justificaría la presencia de la droga hallada en su domicilio.” 

Además, que  “en este caso, su presencia (Molinare) en el lugar al momento de la entrada y registro al domicilio, sólo se produce de manera casual”.

Finalmente, el fallo considera que el Juez de Garantía “careció del ajustado razonamiento”, afectando la libertad personal de Molinare y que la medida cautelar de prisión preventiva a la que estuvo sujeto por más de tres meses, “resulta desproporcionada”. 

“Es un alivio saber que Cristián podrá enfrentar este injusto proceso judicial en libertad, pero nadie le devuelve casi cuatro meses de encarcelamiento y el grave trauma que esto implica, en particular al haber sido recluido en un recinto penitenciario como Colina 2. Sigue mi profunda preocupación por el ciudadano nortamericano y su delicada condición de salud, aún en prisión preventiva, a pesar de estar acreditado el uso medicinal que hacía del cannabis. Hasta cuando malgastamos recursos públicos persiguiendo personas totalmente alejadas de la criminalidad, hasta cuando seguimos con este sin sentido. Al parecer ni las modificaciones legislativas ni el fallo del Tribunal Constitucional les hicieron mella a la Fiscalía de Chile y su obsesión persecutoria”, reflexiona la diputada Gazmuri.