Justicia y reparación: Familia de Rodrigo Barraza celebra primera audiencia en demanda en contra del Estado.

Este 11 de diciembre se concretó en el Segundo Juzgado Civil de Rancagua la primera audiencia testimonial en la demanda que interpuso Catherine Gajardo, viuda de Rodrigo Barraza, contra el Fisco de Chile por el suicidio de su esposo, quien sufrió la persecución del Ministerio Público y estuvo preso por tratar con aceite de cannabis a su hijo con autismo.
“No tengo palabras para expresar el daño irreparable que nos causaron, destruyeron a mi familia y esfumaron nuestros sueños. Con Rodrigo decidimos cultivar (cannabis) para la medicina de nuestro hijo León con TEA con el único objetivo de mejorar su calidad de vida.”
Con estas sentidas palabras, publicadas en Instagram, Catherine Gallardo valoró que se haya hecho efectiva la primera audiencia testimonial en la demanda que interpuso en 2020 contra el Fisco de Chile, tras la larga tragedia que han vivido como familia, agravada por el suicidio de su esposo Rodrigo Barraza. El domicilio de la familia fue allanado, Rodrigo fue detenido, formalizado y luego procesado por poseer un cultivo de cannabis para suministrar aceite de cannabis a su hijo con trastorno del espectro autista, tratamiento prescrito por su neurólogo tratante.
La historia de Catherine Gajardo y su familia no comienza el 2019, sino un año antes, cuando en la búsqueda de alivio y una mejor calidad de vida para su hijo León, llegan como familia a Fundación Daya. Con gran alegría pudieron constatar cómo el aceite de cannabis mejoraba la condición de León. Pero todo cambió cuando, a partir de una denuncia anónima, la PDI llegó a la casa de la familia, allanándola como si se tratara de una casa de narcotráficantes, sin considerar la condición médica de León ni sus prescripciones vigentes. El Ministerio Público formalizó por tráfico a Rodrigo Barraza, quien quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total. En diciembre del 2019 Barraza fue absuelto por unanimidad, en un mediático juicio en el que la actual diputada Ana María Gazmuri fue la testigo clave, presentada por la DPP. Incluso la Fiscalía fue condenada a pagar las costas del proceso, ya que este nunca debió haber ocurrido. Un gran triunfo sobre los prejuicios y la desinformación. Sin embargo, el daño psicológico provocado por el proceso judicial y por los controles diarios de la PDI durante los meses de su arresto domiciliario, provocaron un daño irreparable, afectando gravemente su salud mental y emocional. En 2020, en plena pandemia, sin recibir asistencia psicológica, Rodrigo, tomó la fatal decisión de quitarse la vida, incapaz de superar su estrés post traumático.
Frente a la demanda interpuesta por la viuda, Catherine Gajardo, en contra del Estado, la diputada Ana María Gazmuri, fundadora de la Bancada Transversal por la Paz y ex Directora de Fundación Daya –organización que atendió a la familia de Barraza- sostuvo, frente a este nuevo hito, que “Es un primer paso en la búsqueda de un mínimo de reparación frente al daño infligido por el Estado y sus instituciones a esta familia, criminalizando conductas totalmente lícitas, insistiendo, mediante el Ministerio Público, en encarcelar al padre de un niño TEA por cultivar tres plantas de cannabis. Esta violencia estatal tiene consecuencias; devasta vidas, arrasa con la dignidad de familias que se ven estigmatizadas, y en memoria de Rodrigo, debemos lograr garantizar que esto no vuelva a pasar en Chile”
Por su parte, Fernando Leal, abogado defensor de DD.HH. y representante de Catherine Gajardo y de León Barraza Gajay, familia de Barraza, en su demanda en contra del Fisco, expresó que “Catherine, pareja de Rodrigo Barraza, tiene a su hijo León, quien es un niño que tiene TEA, un TEA severo, y recurrieron a la Fundación Daya para poder asistir a su hijo con aceite de cannabis que le permitía una mejor calidad de vida. Es en ese contexto que Rodrigo Barraza es perseguido arbitrariamente por parte del Ministerio Público, es detenido y vive todo un proceso penal que generó graves secuelas. Finalmente Rodrigo fue absuelto, sin embargo, a los pocos meses se quitó la vida.”
“Creemos que el daño que se le ha hecho a esta familia es inconmensurable y es producto del actuar ilegal, arbitrario e injusto de agentes del Estado, en este caso por parte del Ministerio Público. Es por eso que iniciamos esta acción ante los tribunales civiles. Queremos que se haga verdad, queremos que se haga justicia y queremos que se repare, porque el daño que se le provocó a esta familia es un daño que no es tolerable en un Estado de Derecho. No es posible que se persiga a inocentes por parte de órganos del Estado que son pagados por los impuestos de todos, incluidos las víctimas de este caso”, agregó el abogado.
Finalmente, la abogada de ABOFEM Valparaíso y testigo en la causa, Consuelo Ramírez, subrayó que “hace más de dos años que conozco la realidad que vive la familia de Barraza y todos los efectos que ha traído el actuar de agentes públicos. La persecución, criminalización, estigmatización e injusticia a que se vieron expuestos, por intentar dar a su hijo una mejor vida con tratamientos alternativos, sumado a la muerte de Rodrigo y la vulneración de derechos que han sufrido Catherine y su hijo León, dan cuenta de todo lo que está mal en nuestro país y de todo aquello que queremos que la sociedad tome conciencia. Las y los pacientes que mantienen uso medicinal de cannabis no pueden seguir siendo tratados como narcos o criminales y el resultado de este juicio, será un hito en pos de la reparación que tantos pacientes esperan.”