Después de las graves violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en dictadura, vivimos también en la transición a la democracia demasiados episodios de persecución y vulneración de derechos, incluyendo tortura y muerte. Comunidades particularmente afectadas han sido el pueblo mapuche, las y los estudiantes y, las y los usuarios de Cannabis.

Más aún, a partir de octubre de 2019, volvimos a pasar por un proceso de violación sistemática y masiva de los Derechos humanos, como respuesta a las movilizaciones del pueblo chileno. Lo que hace necesario y urgente tomar medidas para el juicio, castigo y reparación, tanto de lo ocurrido en el pasado como en el presente. Y, tomar medidas para impedir la repetición de estos hechos.

Proponemos los siguientes lineamientos para el quehacer parlamentario:

1. Impulsar la creación de una Comisión de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, permanente para investigar graves violaciones a los Derechos Humanos.
2. Aprobar los proyectos de ley que buscan liberar a las y los presos políticos de la revuelta social, que inició este nuevo ciclo político del país.
3. Detener la sistemática persecución que las y los usuarios de cannabis sufren diariamente por parte de policías y fiscalías.
4. Apoyar y promover el Proyecto de Ley de Reparación a las Víctimas de la Ley 20.000.
5. Reparar integralmente a las víctimas, integrándose a los planes actuales y mejorando los mismos, que en muchos casos se han mostrado insuficientes.
6. Promover políticas tendientes a crear una cultura ciudadana de defensa y respeto a los DDHH, incluyendo no sólo su enseñanza obligatoria en la educación, sino que fomentarlo a nivel de las escuelas matrices de las FFAA y de orden. No basta con incluir el ramo de DDHH en la formación de agentes del Estado, sino que se incluirá el contacto entre dichas academias y asociaciones de sobrevivientes y víctimas.
7. Promover una Ley de Sitios de Memoria, que rescate lugares, promueva el hallazgo y el financiamiento permanente y estable de esos espacios, con el objetivo de abrirlos a actividades educativas, sociales, culturales y políticas.

Necesitamos un acceso universal a la salud, atención oportuna, que responda a las necesidades de las personas en sus propios territorios, con prevención desde un enfoque de salud familiar y de barrio; con garantía de acceso a medicamentos y prioridad en las personas mayores y las personas con capacidad diferente.

Junto a esto, aportar mayores recursos para la inversión en ciencia y tecnología y, por supuesto, incorporar nuevas miradas holísticas e integrativas, la medicina cannábica y la tradicional, así como las que nos ofrecen las cosmovisiones de las naciones originarias y migrantes. Y, que incorpore la participación de las y los usuarios en el mejoramiento de las políticas de salud en todos los niveles.

Proponemos las siguientes líneas programáticas para el quehacer parlamentario:

1. Crear un laboratorio farmacéutico público que permita dar respuesta a las necesidades de medicamentos, vacunas, y tecnologías para la salud de la población.
   
   
2. Apoyar el desarrollo de farmacias y ópticas populares.
   
   
3. Proponer la creación de la red nacional de centros de rehabilitación y tratamiento para personas con distintos tipos de capacidades diferentes.
   
   
4. Incentivar la actividad física y alimentación saludable como determinantes del buen vivir y la salud.
   
   
5. Desarrollar políticas universales de prevención y tratamiento, en salud bucal y ayudas técnicas para la inclusión social de personas con capacidades diferentes.
   
   
6. Actualizar el plan de Salud Mental desarrollando normativas que garanticen su universalidad de prevención y autocuidado.
   
   
7. Reformar las normativas que impiden la incorporación de la farmacopea y herbolaria de nuestros pueblos originarios.
   
   
8. Contar con programas de salud sexual y salud reproductiva en la atención primaria de salud con enfoque en derechos y despliegue territorial hacia colegios, instituciones de educación superior y la comunidad en general.
   
   
9. Garantizar una atención oportuna a las víctimas de violencia de género, así como promover la erradicación de ésta en todos los espacios comunitarios.

Todo habitante de nuestro país debiera obtener, con el fruto de su trabajo y esfuerzo, los recursos necesarios y suficientes para cubrir sus necesidades y anhelos, por esto, la mirada sobre el trabajo en Chile, debe ser profundamente modificada.

Chile requiere protección y garantías de los derechos fundamentales asociados al trabajo, con participación creciente de trabajadoras y trabajadores en la economía y en la sociedad, así como también, equidad de género, corresponsabilidad y reconocimiento del trabajo no remunerado.

Proponemos las siguientes líneas programáticas para el quehacer parlamentario:

1. Lograr la aprobación del proyecto de reducción de jornada laboral de 45 a 40 horas, disminuyendo drásticamente las extensas jornadas laborales actuales.
   
   
2. Aumentar el salario mínimo en la legislación vigente.
   
   
3. Proponer la negociación ramal por áreas productivas, para equilibrar el desbalance de poder entre empresarios y trabajadores.
   
   
4. Modificar la Ley Subcontratación en Chile, con especial fiscalización de las empresas que operan con multirut; las condiciones de contratación temporal, sea indefinida, por obra o por faena y; regular de manera más estricta a las empresas de provisión de personal de servicios transitorios.
   
   
5. Reconocer el trabajo doméstico no remunerado, pagando por él un sueldo mensual de, al menos, el 75% del salario mínimo vigente.
   
   
6. Revisar y mejorar la actual regulación del seguro de cesantía, que excluye a las y los trabajadores públicos.
   
   
7. Impulsar una solución definitiva para trabajadoras y trabajadores a honorarios del Estado, terminando con la precaria situación laboral actual.
   
   
8. Actualizar la legislación laboral en concordancia a los acuerdos OIT ratificados por Chile.
   
   
9. Reformar la actuación de los OAL (organismos administradores de la LEY 16.774) con foco en una acción efectiva y eficaz hacia garantizar la salud y seguridad en el trabajo.

Diseñar y aplicar una estrategia para el aseguramiento de ambientes laborales libres de riesgos psicosociales y que protejan la salud mental de los trabajadores.

La prohibición mundial de drogas ha sido un fracaso. No ha cumplido los objetivos que perseguía sobre bajar el consumo de drogas ilícitas ni reducir la criminalidad. Por el contrario, la prohibición ha sido una de las políticas que más perjuicios ha generado en el mundo. El narcotráfico es hijo de la prohibición. El mercado negro expone a los consumidores de drogas a sustancias adulteradas de menor calidad, siendo, por definición, más peligrosas para la salud y la seguridad humana. Ante la falta de regulación, prevalece la imagen de un Estado ausente y castigador.

Los recursos policiales y de investigación deben orientarse hacia la delincuencia y el narcotráfico y no a la criminalización de usuarios y pacientes cultivadores del cannabis. Hoy el 90% de las detenciones son por flagrancia, que incluso considera allanamientos por denuncias anónimas. Esta persecución por parte de agentes del Estado vulnera gravemente derechos esenciales, como el derecho a la privacidad del hogar, a la dignidad y la honra y, en el caso de usuarios medicinales, el derecho a escoger su tratamiento de salud. Por otra parte, debemos entender que el microtráfico es un fenómeno emparentado con la falta de oportunidades laborales, económicas y sociales, sobre todo para mujeres jefas de hogar y jóvenes.

Proponemos los siguientes énfasis de trabajo parlamentario:

1. Promover el cambio en el foco del sistema investigativo y persecutor, que ha demostrado su ineficacia, ya que actualmente 80% de las detenciones por Ley 20.000 afecta a usuarias y usuarios, y solo el 20% de las detenciones a traficantes. El cese de la persecución de las y los usuarios permitirá redestinar los inmensos recursos públicos invertidos en ello, para aumentar la eficiencia de la investigación policial hacia el narcotráfico. Y con ello, aumentar la inteligencia y eficacia en materia de persecución del crimen organizado: desarrollar procesos y procedimiento que permitan mediante el uso de inteligencia policial y judicial para acabar con las redes de narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas.
   
   
2. Desarrollar iniciativas que terminen con la criminalización de mujeres por microtráfico y protejan los derechos de sus niños y niñas. Esto, ya que uno de los tantos efectos perniciosos de la prohibición ha sido el alarmante aumento de la criminalización de mujeres por delitos asociados a la ley 20.000, que afecta al 53% de las mujeres privadas de libertad. Ellas tienen bajo compromiso delictual y son usualmente el eslabón más débil de la cadena delictiva asociada al narcotráfico. La gran mayoría de estas mujeres son jefas de hogar y madres. Esta política persecutoria que fragmenta el núcleo familiar, genera irreparables efectos en niños, niñas y adolescentes (NNA).
   
   
3. Promover una nueva política de drogas, con un enfoque centrado en la seguridad humana que garantice el respeto a los Derechos Humanos, las libertades personales y el derecho a la educación y salud de usuarias y usuarios de drogas.
   
   
4. Impulsar un proyecto de Ley para la Legalización y Regulación del Autocultivo de Cannabis, a nivel personal y colectivo, tanto para uso medicinal como recreativo; que incluirá un artículo específico sobre la Reparación a la Víctimas de la Ley 20.000. Ya que, actualmente las y los usuarios son criminalizados a pesar de que su uso no está penalizado, puesto que la ley 20.000 permite el uso medicinal y personal exclusivo próximo en el tiempo y; reconoce también el autocultivo como acto preparatorio para ello. Sin embargo, sufren violentos allanamientos, son incautadas sus plantas y deben probar mediante largos procedimientos judiciales que no son traficantes, lo que vulnera la presunción de inocencia, siendo tratados como delincuentes hasta la dictación del fallo, lo que afecta la honra y la dignidad de las personas y las somete, junto a sus familias, a traumas irreparables.
   
   
5. Perseveraremos en eliminar al cannabis de la lista I de la categorización que establece el listado de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, armonizando su categoría con la conferida en el Decreto 84 de 2015 (Lista I a Lista II). Esto implica de inmediato una actualización del estatus del cannabis en relación al bien jurídico a proteger: la salud pública.
   
   
6. Impulsar la educación y prevención, con focos en el resguardo de los Derechos Humanos. El Estado debe proveer de forma permanente a la ciudadanía y la opinión pública, una información desprejuiciada y científica sobre los riesgos y daños asociados a los consumos perjudiciales de sustancias, absteniéndose de desarrollar todo tipo de campañas prohibicionistas del tipo ‘las drogas matan’, pues han comprobado ser completamente inadecuadas. En este contexto, será deber del Estado socializar un diagnóstico crítico a la política prohibicionista de drogas, en el marco de una educación pública, centrada en la ciencia y en el respeto a los derechos humanos. Proponemos trasladar al Senda desde el Ministerio de Interior al Ministerio de Salud.

Chile requiere una transformación social, cultural y política que termine con la violencia derivada del sistema cis- hetero-patriarcal en que nos encontramos inmersos y, que garantice los derechos de la comunidad LGTBQIA+. Por ello, promoveremos la modernización de las leyes, espacios públicos y sociedad, con el foco en construir relaciones de género colaborativas y de solidaridad, libres de opresión, discriminación y violencia. Y, junto a ello, medidas afirmativas de reconocimiento, reparación, inclusión y no discriminación en espacios públicos, sociales y laborales.

Enfocaremos nuestra labor parlamentaria en:

1. Asegurar el acceso a derechos fundamentales de la comunidad LGBTIQIA+ en temáticas de salud, trabajo, educación y seguridad social. Esto significa, promover la elaboración colectiva de políticas públicas en función de fortalecer los programas de atención específica a personas LGBTIQIA+ en todos los servicios públicos y privados con la intención de asegurar una mejor calidad de vida y prevenir la que se perpetúe la violencia hacia sus vidas. 
   
   
2. Legalizar la interrupción del embarazo, reconociendo que el aborto hasta las 14 semanas de gestación es un derecho humano y, como tal, está garantizado en el marco de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas gestantes. 
   
   
3. Poner énfasis en las leyes que consagren el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de género, con énfasis en erradicarla y prevenirla, en todas sus formas, tanto en el ámbito público como el privado, y que establezca obligaciones para los órganos del Estado. 
   
   
4. Protección y reparación en áreas estratégicas como salud, trabajo, educación y seguridad, vinculantes para todos los servicios públicos y privados. 
   
   
5. Modificaciones a la ley de identidad de género.
   
   
6. Despatologizar el proceso de cambio de sexo y nombre registral en niñas, niños y jóvenes.
   
   
7. Asegurar mecanismos acompañamiento psicosocial a las personas y su entorno, así como adecuar los procesos de notificación, actualización y sincronización de datos con las distintas instituciones públicas o privadas que regulan la Ley de Identidad.
   
   
8. Entregar orientaciones generales para las distintas instituciones públicas y privadas, a fin de promover y permitir el uso del nombre social en espacios públicos y privados. 
   
   
9. Impulsar iniciativas que asegurar el cupo laboral trans.

A. Sistema nacional Integral de Cuidados

Promoveremos la creación de un Sistema Nacional Integral de Cuidados que se integre como pilar esencial en el sistema de protección social y de salud y, que se haga cargo de reconocer y proteger los derechos de las personas que trabajan en el cuidado, la mantención y el desarrollo de otras personas, la mayoría de niños, niñas y adultos mayores.

Un nuevo sistema que responda a un modelo de corresponsabilidad social de los cuidados, entre hogares, Estado y comunidad, rompiendo el sesgo de género y cultural que responsabiliza a las mujeres por el cuidado y, con ello, formalizando el trabajo doméstico y de cuidados, con asignación de remuneración para quien cuida y mejorando las condiciones materiales del cuidado.

Proponemos las siguientes líneas programáticas para el quehacer parlamentario:

1. Avanzar en la cobertura total de licencias médicas de cuidados de otros y derecho a sala cuna universal, sin distinción de género, con mayor cobertura en términos de fuero, especialmente en relación con cuidados postnatales y producto de enfermedades.
   
   
2. Establecer la remuneración a la labor de cuidado.
   
   
3. Aumentar la cobertura de programas de cuidado ya existentes tanto en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Senama y Senadis), como en el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, el Ministerio de Salud, en el Ministerio de la Mujer y Equidad de género, Mineduc, y en el proceso traspaso de SENAME.
   
   
4. Fortalecer dispositivos de cuidado: Centros Diurnos, Centros Comunitarios, Establecimiento de Larga Estadía, escuelas, centros después de la escuela, jardines infantiles, salas cuna, y otros nuevos, que cuenten con estándares de calidad, que entreguen dignidad y desarrollo para las personas, con integración y respeto a las cuidadoras.
   
   
5. Apoyo a las cuidadoras para desarrollar mejor su labor de cuidado con formación y capacitación en cuidado y además en ejercer un oficio que le permite desarrollar habilidades fuera de sólo ser el responsable de un tercero y poder proyectarse.
   
   

Desarrollar una política universal de ayudas técnicas a precio justo, que permita a las familias implementar los cuidados con las tecnologías (camas clínicas eléctricas, sillas de ruedas, grúas de transferencia, etc.), que permiten mejorar la calidad de vida de quién recibe el cuidado y facilitar la labor de quién cuida.

B. Protección integral y garantía de derechos de niñez y adolescencia

El reconocimiento y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia son temas urgentes. Por esto, trabajaremos en cambiar el enfoque subsidiario, tutelar y adultocéntrico que el Estado ha mantenido, hacia un rol protagónico, de protección integral y garantía de derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país.

Esto requiere leyes y políticas públicas, bajo los principios de: universalidad; reconocer a las niñeces y adolescencias como sujetas y sujetos de derecho, como ciudadanos; promoción de derechos y prevención de sus vulneraciones, fortaleciendo su rol cuidador a nivel local y nacional, descentralizado y desjudicializado y; siempre bajo el principio del Interés Superior del Niño/a y, a la luz de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño/a.

Proponemos las siguientes líneas programáticas para el quehacer parlamentario:

1. Actualizar legislación para cumplir cabalmente con la Convención Internacional de Derechos del Niño/a, fortaleciendo el rol del Estado como garante de derechos.
   
   
2. Acelerar la Implementación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en reemplazo del SENAME.
   
   
3. Fomentar el acceso a la información de niñas, niños y de adolescentes en las distintas fases de las políticas públicas y los entornos en los que se desarrollan.
   
   
4. Promover la participación, en los niveles, comunitarios, comunicacional, social y educacional, ejerciendo los derechos políticos de todas las niñeces y adolescencias en las diversas esferas de la vida social, cultural y política y, que no sea sólo una participación decorativa.
   
   
5. Reformar la Ley N° 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, para fortalecer el rol que tienen los medios de comunicación como garantes de derechos.
   
   
6. Fortalecer la Defensoría de la Niñez en su acción judicial.
   
   
7. Impulsar normativas contra la Violencia a niños, niñas y adolescentes, que permitan prevenir y actuar efectivamente contra la violencia y abuso sexual incluyendo la estatal, física, mental y sexual, así como prohibición del matrimonio adolescente.
   
   
8. Impulsar iniciativas para la Reparación y Justicia de niñas, niños y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos por el Estado.
   
   
9. Promover el fortalecimiento de la sociedad civil en su rol de co-garante de derechos de las infancias.
   
   
10. Impulsar proyecto de ley para otorgar el derecho a voto para todas las instancias de votación universal desde los 16 años.
    
    
11. Impulsar o apoyar iniciativas que mejoren la calidad de vida, el acceso a la vivienda y mejores ingresos, de los hogares con niños, niñas y adolescentes.
    
    
12. Garantizar los derechos de la niñez migrante, independiente de la situación migratoria de sus padres; asegurar la prohibición total de la detención de niñas, niños y adolescentes migrantes (acompañados y no acompañados), la protección del derecho a la nacionalidad de todos los niños y niñas nacidos en Chile y, el acceso a las prestaciones sociales de salud y educación.
    
    
13. Apoyar e impulsar normativas que protejan integralmente a la niñez LGBTIQ+.

Reconociéndonos como sujetos culturales, portadores de saberes, con necesidades y capacidades creativas, con el poder de transformar nuestro entorno para mejorarlo y; con el derecho a producir y vivir el goce estético del arte, tenemos que avanzar hacia un Estado que reconozca la cultura y las artes como un Derecho Humano y, que su ejercicio democrático contribuye al buen vivir.

Por ello, queremos pavimentar el camino para una nueva visión de la cultura y las artes con una institucionalidad que acoja, albergue y potencie esa orientación. Esto, con educación y promoción, participación de niñas, niños y adolescentes en los procesos; reforzando la identidad, con la recuperación de sitios de memoria y Derechos humanos y; con el principio de acceso universal. Todo esto, incluyendo la mirada y la participación temprana y vinculante de artistas y trabajadores de la cultura, de los pueblos originarios y de la ciudadanía en general, con toda su diversidad expresándose. 

Proponemos las siguientes líneas programáticas para el quehacer parlamentario:

1. Reformar la institucionalidad cultural y todos sus órganos dependientes, a fin de garantizar su eficiencia y crecimiento de acuerdo a los desafíos presentes y futuros, considerando ámbitos emergentes en equivalencia con recursos económicos, perfiles técnicos y profesionales, así como el mejoramiento de las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores a honorarios y contrata.
   
   
2. Proponer políticas públicas en torno a la memoria histórica como parte del patrimonio intangible del país, para incluir un trabajo permanente en favor de la elaboración de narrativas de memorias asumiendo las diversas deudas con los pueblos originarios, las organizaciones de derechos humanos, fortaleciendo los archivos locales por medio de un impulso real al Sistema Nacional del Archivos.
   
   
3. Promover financiamiento basal robusto a las instituciones culturales del Estado para que puedan cumplir con su misión pública.
   
   
4. Impulsar el aumento en la inversión para culturas, artes y patrimonios en coherencia con las necesidades de descentralización y expansión del acceso y; asegurando financiamiento para la realización de proyectos por organizaciones culturales, artistas emergentes y con trayectoria.

A. Cambio Climático y Crisis hídrica

El cambio climático está generando graves catástrofes ambientales y la sequía afecta a miles de personas en los territorios. El agua es un derecho humano y también nuestra responsabilidad cuidarla. Pero, el sistema actual de asignación del agua en Chile está diseñado como un mercado donde se transan derechos de aguas, sin criterio científico de disponibilidad del recurso para su distribución, provocando un enorme impacto ambiental, social y económico, que recae principalmente en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Esto, redunda en un avance de desertificación y degradación de los suelos que pone en riesgo la actividad agrícola.

Proponemos las siguientes líneas programáticas para el quehacer parlamentario:

1. Consagrar el acceso al agua como derecho humano.
   
   
2. Impulsar iniciativas para que se reconozca y garantice el agua, en todos sus estados, como un bien nacional de uso púbico.
   
   
3. Establecer como prioridades para los derechos de uso de agua: las necesidades humanas críticas, el medio ambiente o transferencias al mar u otros sistemas y; la agricultura, usos doméstico e industrial.
   
   
4. Limitar los derechos de aprovechamiento de agua, en tiempo y con posibilidades de revocación.
   
   

Promover el establecimiento de emergencia climática en todo el país, partiendo por los territorios declarados con algún tipo de emergencia hídrica.

B. Medioambiente y estrategia productiva

Nuestro país se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad frente a los efectos de la crisis climática, tanto por sus consecuencias en la estabilidad del clima y preservación de ecosistemas, como también por la dinámica que impone el modelo económico a la relación con la naturaleza. El sistema extractivista vigente mercantiliza, extrae riqueza y destruye ecosistemas por doquier, mientras desarrolla relaciones laborales precarias y empobrece a las comunidades aledañas donde esta dinámica se expande.

Proponemos las siguientes líneas para el quehacer parlamentario:

1. Detener todo tipo de proyectos que afectan la flora y fauna nativa (ej. inmobiliario de Panúl, proyecto MAPA, minera Dominga, etc.)
   
   
2. Impulsar reformas profundas a las políticas de uso de suelo y mar, privilegiando al agricultura y pesca y para el aseguramiento alimentario.
   
   
3. Promover la reconversión productiva de industrias con uso intensivo de agua, en particular de la agricultura de mono cultivos, a través de la introducción de nuevas estrategias de desarrollo económico.
   
   
4. Presentar iniciativas al Ejecutivo, que permitan implementar estrategias de resiliencia climática, en particular para enfrentar la crisis hídrica y la creciente desertificación.

C. Protección a la biodiversidad y bienestar animal:

Frente a crisis ambiental que estamos viviendo, es urgente hacernos cargo de la protección a la biodiversidad y el bienestar animal. Hoy en día la depredación del medioambiente ha traído como consecuencia la destrucción de los hábitats de muchas especies, pero además dada la irresponsabilidad de los humanos, muchos animales son abandonados, descuidados o heridos por nuestra acción u omisión

Nuestras líneas estratégicas de trabajo parlamentario en este aspecto serán:

1. Proponer leyes que apunten a una estrategia nacional de Rescate y rehabilitación de Fauna Silvestre y biodiversidad.
   
   
2. Agenda legislativa y reglamentaria de biodiversidad y bienestar animal: mediante el respaldo proactivo a las iniciativas legislativas como la Ley de Tenencia Responsable Mascotas y Animales de Compañía o “Ley Cholito”. Así como la fiscalización de su aplicación y, el estudio y promoción de normas que la fortalezcan.
   
   
3. Promoción de la adopción por parte del estado de convenios internacionales de conservación ambiental.
   
   
4. Impulsar iniciativas ante el gobierno que permitan diseñar y ejecutar una estrategia global y descentralizada de control reproductivo de animales de compañía que sea consistente con objetivos de: bienestar animal; conservación de la biodiversidad y; salud pública coordinada y ejecutada por los gobiernos regionales.
   
   
5. Fiscalizar, estudiar y regular el mercado de alimentos, medicamentos e insumos esenciales para la tenencia responsable y bienestar animal.
   
   
6. Proponer incluir en el currículo escolar, la educación para la empatía respeto y dignidad de los Animales.

Necesitamos que las políticas de vivienda, la planificación de las ciudades y el ordenamiento del territorio, se basen en el interés público, danto prioridad a las personas por encima del interés privado y las rentabilidades que busca el mercado. La ciudad y el territorio, deben ser recuperadas por y para sus habitantes y no estar a merced de quienes lucran con ellos, como hasta ahora.

El Estado chileno debe garantizar el acceso a la vivienda digna como un Derecho Humano, así como el buen vivir en su entorno. Esto supone un desarrollo habitacional, urbano y territorial sostenible, preservando el patrimonio, paisaje y cultura e identidad colectiva de la sociedad.

Centraremos nuestro actuar parlamentario en:

1. Vivienda digna: promover en la ley de presupuesto el financiamiento a la construcción a gran escala de viviendas públicas de calidad y con una localización óptima para acceder a las oportunidades urbanas, de la cuales: una, parte será para arriendo a precio justo y; otras vendidas con condicionante de no especulación.
   
   
2. Acompañamiento a campamentos: impulsaremos activamente una política efectiva de acompañamiento y búsqueda de soluciones definitivas en cada campamento, bajo el concepto de vivienda digna.

En Chile una de las principales fuentes de desigualdad social es el dispar acceso a la educación de calidad, la cual hoy en día se encuentra reservada para quienes pueden pagarla. Sin embargo, ni siquiera ésta cumple con estándares de excelencia de acuerdo a los parámetros de la OCDE.

Para avanzar hacia una mejor educación para todas y todos hay que fortalecer la educación pública en todos sus niveles, eliminando al mercado y la competencia como ejes estructurantes del sistema educativo; devolver el sitial de alta valoración social a las y los profesores; democratizar el acceso al conocimiento y promover la diversidad, la integración de personas con capacidades diferentes y; promover la vinculación entre las instituciones educativas y sus entornos locales.

Para esto nuestras líneas de trabajo parlamentario serán:

1. Reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), de tal forma que permita integrar a los y las estudiantes de nivel socioeconómico medio-bajo, desarrollando un programa piloto de integración social (Escuelas Integradas) para disminuir la segregación educativa.
   
   
2. Reforzar la red pública de jardines infantiles y salas cunas como parte del sistema nacional integral de cuidados.
   
   
3. Desarrollar un Sistema Nacional de Apoyo a las Escuelas y comunidades para la mejora de sus procesos de aprendizaje, basado en la retroalimentación y apoyo a los establecimientos, mediante procesos evaluativos administrados por las propias comunidades educativas.
   
   
4. Continuar y profundizar la eliminación del lucro en la educación, especialmente en las instituciones de educación superior. considerando además aspectos intersectoriales de la desigualdad en el acceso, como la igualdad de género, racismo y clase social.
   
   
5. Reformar el sistema de acceso a las instituciones de educación superior en el conjunto del sistema terciario, con énfasis en las notas de enseñanza media.
   
   
6. Implementación gradual de cursos fundacionales o bachillerato y, disminuir las brechas educativas generadas por un sistema desigual.
   
   
7. Generar un financiamiento universal y completo a las instituciones estatales de educación superior, que permita que la educación sea universal y gratuita y que comprometa las instituciones educativas con el desarrollo del país.
   
   
8. Aumentar los recursos para Proyectos de Integración escolar (PIE), tanto para contratación de personal en el área, como en el aumento de los cupos para incluir a más niños con capacidades educativas especiales, con trastornos transitorios y permanentes.
   
   
9. Fiscalizar el cumplimiento de la Ley Accesibilidad Universal en infraestructura a todos los Establecimientos Educacionales, para que nunca más una silla de ruedas, sea una excusa para no poder recibir a un alumno/a.