Las diputadas y diputados de la bancada transversal “Regulación por la Paz”, liderados por
Ana María Gazmuri (AH) anunciaron el miércoles 9 de abril el ingreso del proyecto de ley que
regula el acceso del cannabis para mayores de 18 años, una iniciativa construida en conjunto con 55 organizaciones de la sociedad civil y que representa un avance histórico hacia una política de drogas
centrada en los derechos, la salud pública y la necesidad de quitarle poder al narcotráfico.

La propuesta establece un marco legal claro para el acceso al consumo de cannabis en
personas mayores de edad, regulando el autocultivo, el porte y el uso privado. A su vez,
promueve campañas de educación, prevención y reducción de riesgos, y prohíbe
expresamente el consumo en espacios públicos o frente a menores, salvo casos de uso
medicinal debidamente acreditado.

La diputada Ana María Gazmuri, histórica activista por la regulación del cannabis, señaló
que “este es un día histórico para la bancada Regulación por la Paz y para más de 55
organizaciones sociales que han trabajado por una ley que garantice el acceso al uso adulto
del cannabis. Nuestra legislación permite el consumo y el cultivo personal, como ha
señalado el propio Tribunal Constitucional, pero la institucionalidad —particularmente el
Ministerio Público— ha seguido persiguiendo a los usuarios como si fueran delincuentes.
Eso es lo que queremos cambiar. Este proyecto busca ordenar la regulación, dar certezas y
liberar recursos del Estado para ir tras los verdaderos responsables del narcotráfico».

Por su parte, el diputado Jorge Brito (FA) sostuvo que “millones de personas han sido
perseguidas por usar cannabis, a pesar de que no han infringido la ley. Este proyecto
entrega certezas jurídicas y permite que el Estado concentre sus recursos en delitos graves.
Al regular, debilitamos la principal fuente de ingresos del narcotráfico”.

En esa línea, el diputado Vlado Mirosevic (PL), hasta el momento el único precandidato
presidencial que ha incluido la regulación del cannabis en su programa de gobierno,
comentó que “la guerra contra las drogas ha fracasado. La regulación del cannabis es una
política más inteligente, que defiende la libertad individual y reduce la violencia. O
regulamos, o seguimos dejando nuestros barrios a merced de bandas armadas. No hay otro
camino si queremos vivir en paz.”

Desde la Región de Coquimbo, la diputada Carolina Tello (FA) también valoró la iniciativa:
“Este proyecto permite distinguir entre quienes hacen un uso legal del cannabis y quienes
cometen delitos. Es una herramienta concreta para combatir la delincuencia con inteligencia
y responsabilidad.”
Finalmente, en representación de las organizaciones sociales, el abogado Hernán Bocaz,
defensor de usuarios de cannabis, enfatizó que “regular el uso adulto no es cometer un
delito, es ejercer un derecho. La persecución ha fortalecido al narcotráfico. ¿El Congreso va
a estar con la sociedad civil o con los narcos?”.

Fabiola Campos, directora de la Fundación Sanasativa, concluyó que la iniciativa “es una
respuesta sensata y urgente frente a la crisis de seguridad. Mientras se criminaliza a
usuarios, el crimen organizado gana terreno. Es hora de legislar con compromiso político y
realidad.”