Justicia dicta sobreseimiento definitivo de Nicolás Bustamante, ex candidato a concejal quien cultivó cannabis para uso medicinal

El paciente y ex candidato a concejal de Doñihue había sido acusado por la Fiscalía del delito de tráfico de drogas por el cultivo de tres plantas de cannabis. Después de transcurridos casi tres años desde el allanamiento y detención del paciente, el TOP de Rancagua, en un fallo dividido (2-1), dictó el sobreseimiento definitivo de la causa. 

 

Este miércoles, luego de una intensa doble jornada, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua dictó, en un fallo dividido, el sobreseimiento definitivo de la causa en contra de Nicolás Bustamante, poniéndole fin a casi tres años de judicialización, que parten cuando el paciente es injustamente allanado el 26 de marzo de 2021.

La Fiscalía, que buscaba condenar a Bustamante a 5 años de presidio menor en su grado máximo, acusó al esposo y padre de dos hijos de cometer el delito de tráfico de drogas, sin más antecedentes que el hallazgo -durante  el cuestionado allanamiento- de hojas, tallos y tres troncos, además de una bolsa con flores de plantas de cannabis que necesitaba para su tratamiento. 

El profesor de educación física comentó que en 2019 decidió tratar su depresión, “anteriormente hubo un historial médico por cuadros depresivos y de ansiedad, pasé por varios psiquiatras y sus tratamientos no me hacían efecto. Empecé a averiguar otras alternativas y llegué al neuropsiquiatra Rodrigo Zepeda, a su consulta en Rancagua.

 

Nicolás Bustamante cuenta que con el doctor Zepeda, investigador y ex director del Hospital El Carmen de Maipú, “pasamos por medicamentos tradicionales; frente a los malos resultados, y como tercera línea, el doctor me introdujo el cannabis. Yo no era consumidor pero me atreví a explorar y cuando probamos una terapia mediante la vaporización de las flores, funcionó.”

Reflexionando sobre lo vivido, Nicolás sostuvo que “en todo aspecto se me afectó: en el tema político, en mi tratamiento médico, como esposo, como candidato a concejal; me cortaron las alas y este proceso buscó eso mismo”, lamentó Nicolás Bustamante, quien después del juicio confesó sentirse muy tranquilo, “porque por fin estoy absuelto de esta injusticia que no solo me hizo daño a mí, también a todo mi entorno”. 

 

Recordemos que el paciente y ex candidato estuvo casi un mes en prisión preventiva luego de su detención. Además de la medida cautelar que se pudo revertir en 2021, gracias al trabajo de la Defensoría Penal Pública, a Bustamante se lo obligó a pagar una caución de $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos). 

En prisión, Bustamante relató que fue víctima de múltiples atropellos, revelando que “lo tuvieron completamente aislado”, acusando, además, que no lo dejaron ponerse en contacto con su esposa y recién a los 25 días le permitieron hablar con un abogado. 

Así lo confirmó también su hermano, Rafael Bustamante,  quien señaló que a Nicolás “lo trataron peor que un delincuente, lo privaron de ver a sus hijos y a su esposa por casi un mes, los primeros días no le dieron agua. Ha sido muy difícil para la familia”, señaló en 2021, una vez revocada la medida cautelar de su hermano, en atención al mérito de los antecedentes y a la “irreprochable conducta anterior del imputado”, según dictó la Corte de Apelaciones de Rancagua.

 

Finalmente, Nicolás reveló que desde ese momento y en todo el proceso judicial recibió el apoyo de la diputada y ex directora de Fundación Daya, Ana María Gazmuri. “La diputada Gazmuri se contactó inmediatamente con mi familia apenas ocurrió mi detención; ahí hubo un trabajo no solo para ayudarme a salir de la cárcel, también de contención”.

 

Tal como relató Nicolás, la diputada Ana María Gazmuri, fundadora de la Bancada Transversal Regulación por la Paz, brindó su apoyo inmediato una vez supo de la detención del paciente. Mientras transcurría el juicio, se refirió al caso, apuntando a la deuda que tiene el Estado de Chile con los pacientes que utilizan cannabis y en particular, al cuestionable trabajo de la Fiscalía. 

La diputada Ana María Gazmuri se refirió al caso, en el Juzgado de Garantía y Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua

La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, expresó que “sorprende que la Fiscalía persevere en esta persecución, toda vez que tiene a la vista la nueva norma, promulgada el 23 de mayo del año pasado, en que queda claro que un paciente que tiene su receta médica no debe ser sometido a este tipo de procesos ya que no está cometiendo ningún delito”. 

La legisladora, además, enfatizó que “hasta el último minuto, en su alegato final, el fiscal Jorge Mena siguió insistiendo en pedir 5 años para Nicolás”. La misma Ley Nº 20.000 siempre ha permitido el uso medicinal del cannabis, así como el uso personal. Fue frente a la persistencia de Fiscalía, de perseguir a los pacientes, que se especificó esta norma”.

Por su parte, el defensor penal público Oscar Ortega, detalló que “tras casi tres años de proceso, lleno de dificultades y después de dos días de audiencias de juicio, el tribunal dictó un veredicto absolutorio, acogiendo la postura de la defensa al entender que la droga, encontrada en poder de mi representado, se marcaba dentro de un tratamiento médico, señalando al Tribunal como elementos para adoptar la decisión, que la propia legislación no determina la cantidad de droga, sino que se exige que sea proporcional al tratamiento establecido.” 

Finalmente, Ana María Gazmuri, recalcó que “mi decisión de llegar a ser diputada fue, en gran medida, basada en la necesidad de impulsar lo que hoy día es ley y que es la protección al autocultivo. Tenemos el deber de respetar esta nueva normativa, así como el fallo del Tribunal Constitucional, y eso incluye al Fiscal, a las policías y a todos los funcionarios de las instituciones involucradas”. 

“En marzo convocaremos a una mesa de homologación de todas las instituciones públicas involucradas, para que estas situaciones no sigan pasando y los funcionarios del Estado conozcan la ley. Esperemos que este caso ayude a cerrar el círculo, se deje de perseguir a personas inocentes y se destinen de forma eficiente los recursos para perseguir el crimen organizado”, concluyó la histórica activista por los derechos de los pacientes y usuarios de cannabis. 

Cabe precisar que con la resolución dividida del juzgado, la Fiscalía tiene la posibilidad de interponer un recurso de nulidad en los próximos 10 días desde que se dé lectura a la sentencia fijada para el 12 de febrero. Sobre esto, la ex directora de Fundación Daya remarcó que espera  “que la Fiscalía no apele y no insista en este caso, que prime la sensatez, y no se siga   afectando a un paciente al que ya se le ha generado muchísimo daño”. 

Nicolás Bustamante junto a su esposa y sus dos hijos